Redacción- Moncloa y ERC tienen prisa y apuran los plazos para que la nueva modificación del delito de malversación vaya ligado al de sedición y que pueda entrar en vigor a finales de este año o principios de 2023, lo que coincidiría con la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del próximo año. Madrid, 15 nov (EFE)
La petición del presidente del Govern (ERC), Pere Aragonés, al Ejecutivo de Pedro Sánchez para modificar el delito de malversación que implicaría a los independentistas condenados e indultados por sedición ha levantado ampollas en Unidas Podemos que ven que podría afectar a casos de corrupción en los que, aunque no ha habido enriquecimiento personal, se han utilizado fondos públicos.
Un argumento que también esgrimen algunos de los aliados parlamentarios que deben dar el visto bueno a la reforma de la nueva ley de sedición convertida ahora en «desórdenes públicos agravados», como son Más País, PDeCAt, Compromís o BNG. Votos, en muchos casos, necesarios para superar la oposición de PP, Vox y Ciudadanos.
«El compromiso ya se ha cumplido…»
En las últimas horas el Gobierno ha pasado de afirmar que estudiará las enmiendas que se puedan registrar sobre la malversación a un discurso en el que insisten en que el compromiso ya «se ha cumplido», que es el de homologar la tipificación de la sedición y sus penas a la de los países del entorno.
«El gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles, no conocemos el texto de la enmienda si es que la va a haber», ha dejado claro la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Ministros y después de que
ERC ha reconocido que están negociando esa enmienda directamente con Moncloa y sin ningún partido intermediario
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Distinguir entre el «lucro personal» y la corrupción es un tema «delicado» para Podemos, «que tiene aristas», advierten, por lo que habría que mirarlo con lupa.
ERC pide una reforma «quirúrgica» para que el delito de malversación vaya ligado solo a la sedición y en su entorno parlamentario callan cuando se les pregunta si esta reforma podría ir en otra ley y desligarse de la tramitación de la proposición de ley que deroga la sedición.
Otros aliados parlamentarios como Compromís tampoco ven con buenos ojos la propuesta para el delito de malversación que diferencia si el dinero se destina al lucro personal o de terceros, ya que «al fin y al cabo todos son caudales públicos» mientras que BNG advierte de que la posición final de su voto dependerá de cómo quede esa tipificación de los desórdenes públicos.
Los cuatro diputados del PDeCAT tampoco comparten que haya impunidad con la corrupción.
Moncloa y ERC tienen prisa y apuran los plazos para que la nueva modificación pueda entrar en vigor a finales de este año o principios de 2023, lo que además coincidiría con la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del próximo año.
Un calendario que sería factible si se tiene en cuenta que la reforma del artículo 135 de la Constitución, sobre la ley de Estabilidad, se aprobó en un mes y un día, desde el 26 de agosto que se pactó con PSOE y PP hasta el 27 de septiembre que se publicó en el BOE.
De momento, la intención es que esta semana se apruebe la convocatoria de un nuevo pleno, que se celebraría la próxima semana nada más votarse los Presupuestos y que probaría la toma en consideración de esta proposición de ley.
Mientras Vox, PP y Cs intentan pararla.
La petición de los independentistas de reformar el delito de malversación se debe a que según el artículo 77 del Código Penal de aplicación de este delito en concurso con otros, aunque se rebajara el delito de sedición si va vinculado a malversación, la pena que prevalece es la segunda.
Los populares han iniciado una ofensiva por los territorios socialistas donde consideran que tienen buenas expectativas electorales y hoy mismo los tres dirigentes del partido, la secretaria general, Cuca Gamarra, el coordinador general, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, han acudido a Castilla-La Mancha, Aragón, y a la Comunidad Valenciana, para llamar a la rebelión de sus barones socialistas y frenar la reforma de la sedición.
Desde Vox se critica la «tibieza» del PP al ofrecimiento de Abascal de que apoyar una moción de los populares contra el Gobierno de Sánchez con un candidato de consenso. Moción, que el PP descarta porque no le salen los números, y que Cs también le pide impulsar.
Por su parte, la formación naranja intenta desacelerar la tramitación de la proposición de ley pidiendo a la Mesa del Congreso que reconsidere la admisión a trámite de la proposición de ley aprobada ayer por la mayoría del PSOE y Unidas Podemos.
