Redacción – Progresistas Contra la Corrupción (PCLC) denuncia la metamafia política en España ante la Fiscalía General del Estado, contra más de 200 diputados de distintos partidos políticos, funcionarios o responsables de organizaciones que permitieron o colaboraron en la sistémica ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN en España. Barcelona, 18 de mayo de 2024.
Javier Marzal, presidente del nuevo partido Progresistas Contra La Corrupción, PCLC, planta cara al sistema político español y presenta, ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia contra la metamafia de la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN el día 2 de marzo más dos ampliaciones del 12 de abril y 6 de mayo de este año.
Es la primera denuncia ante la Fiscalía General del Estado que permite que todos los españoles, individualmente o en grupo, puedan incorporarse al procedimiento judicial como perjudicados de la Economía de la Corrupción, anunció Marzal a redes paralelas.
El documento de 33 páginas presentado ante la Fiscalía General del Estado denuncia que la economía española no es compatible con la teoría económica académica porque tiene una ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN, donde la corrupción es la prioridad para los poderes e instituciones del Estado, para la partitocracia (gobierno de y para los partidos políticos) y para sus socios, limitando las reglas del mercado que, a menudo, las elimina.
La formación política denuncia contra algunos miembros de la metamafia que han creado, mantenido, participado o encubierto la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN, concretamente ex Presidentes del Gobierno Felipe González Márquez, José María Aznar López, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy Brey y el actual Pedro Sánchez Pérez-Castejón; Ministros de Economía, de Trabajo, Gobernadores y Directores del Banco de España, Presidentes de la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Secretarios Generales del Sindicato Comisiones Obreras (CC.OO), Secretarios Generales del Sindicato Unión General de los Trabajadores (UGT), Ministra de Defensa Margarita Robles, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP), así como a todos los funcionarios implicados en crear, mantener, participar o encubrir la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN, cometiendo un delito continuado de la organización criminal recogido en nuestra Constitución Española, con ocho agravantes, numerosos delitos contra la Constitución, contra la Unión Europea y contra todos sus Estados miembros y los que sean derivados.
La denuncia expone los HECHOS en siete títulos:
Economía de la Corrupción: “Tirar de la manta y contar todo lo que se sabe” implicaba a todos los miembros de los sucesivos gobiernos de España, así se definía la corrupción sistémica de la época que originó la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN.
Consecuencias Sistémicas: dada su envergadura, la población queda afectada de forma directa o indirecta.
Consecuencias Personales: condicionante de la vida de todos los españoles, fracaso escolar, emigración laboral, encarecimiento de la vivienda, desempleo total y juvenil, bajos salarios, jóvenes frustrados porque no pueden ser padres, destrucción mental de los jóvenes y causa de los mayores suicidios, confiscación desorbitada que vulnera el derecho a la dignidad humana reconocido por nuestra Constitución, exclusión social, pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.
Consecuencias Europeas: los gobiernos PPSOE – PP + PSOE + partidos nacionalistas han incumplido sistemáticamente el artículo 3.3 del TUE impidiendo el crecimiento económico y el progreso social, que ha sido sustituido por la decadencia social y que actúan como causa del retroceso económico en la Unión Europea (UE).
Principios Constitucionales Conculcados: atenta contra un orden económico y social justo.
Jurisprudencia Penal: las denuncias cuyos delitos hayan sido encubiertos anteriormente por fiscales y jueces, pueden volver a denunciarse sin prescripción si guardan relación con la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN.
Medidas Cautelares:
Cárcel y embargos por los daños causados.
PCLC ha solicitado MEDIDAS CAUTELARES, como el embargo de todos los activos (terrenos, viviendas, cuentas bancarias e inversiones inmobiliarias) de todos los denunciados y la prisión provisional sin fianza de todos ellos, por claro riesgo de fuga debido a que los denunciados tienen grandes sumas de dinero en el extranjero.
Firmado, FRANCISCO JAVIER MARZAL MERCADER, presidente del partido político PROGRESISTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.
AMPLIACIÓN DE DENUNCIA
El partido político Progresistas Contra la Corrupción (PCLC) presenta, el 12 de abril, ante la Fscalía General del Estado una Ampliación de la denuncia contra la Economía de la Corrupción del 2 de marzo de este año y aporta PRUEBAS INDICIARIAS que Felipe González y decenas de sus ministros, así como familiares de todos ellos, seguían cobrando de las empresas cantidades millonarias durante el Gobierno de Aznar, lo que da a entender que tanto capos del PSOE como capos del PP cobraban simultáneamente de las empresas, con independencia de que gobernara en España el PP o el PSOE.
En la denuncia ampliatoria se amplían las responsabilidades del Banco de España, entre otras en las siguientes: “Estas omisiones y encubrimientos han hecho que constituyan falsedades documentales todo lo que se escriba sobre la estructura económica española y sobre las causas del desempleo, de la baja productividad, de los bajos salarios, de la precariedad laboral, de la devaluación de las pensiones y de otros problemas denunciados en la anterior denuncia”.
Se denuncia a “FELIPE GONZÁLEZ, 30 ministros, 3 Secretarios de Estado, un Delegado del gobierno y un Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de los gobiernos que presidió cobraron en las mismas fechas, en las mismas sucursales de los mismos bancos y con los mismos testaferros o con parientes, la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS (777.700.000€) y SETECIENTOS OCHO MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US$708,000,000), como comisiones de la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN”.
También se denuncia por cientos de millones a 8 miembros de la Ejecutiva del PSOE o del Partido Socialista Catalán (PSC), 5 Diputados (3 con altos cargos parlamentarios), 10 miembros de la Ejecutiva del PSOE o del Partido Socialista Catalán (PSC), 4 Embajadores de España, 3 Directores generales de RTVE, dos con Felipe González y otro con Aznar, dos ex Ministros de Hacienda, 1 Secretario de Estado de Hacienda y 1 Director General de la Agencia Tributaria, 4 Ex Presidentes autonómicos (Dos de ellos fueron también ministros con Felipe González y los otros dos fueron también Alcaldes), 7 Ex Alcaldes, 8 miembros destacados o ex miembros destacados del sistema judicial o del Tribunal Constitucional, incluyendo a 1 ex Ministro de Justicia, 1 Fiscal General del estado y al Presidente del Tribunal Constitucional.
No sólo se denuncia que cobraron las mismas cantidades todos estos funcionarios (salvo el capo González), sino también familiares con el mismo grado de parentesco, en los mismos bancos y con los mismos testaferros.
Con esta denuncia adjunta se prueban parte de los 10 billones de euros cobrados por los políticos a los empresarios, creando una estructura económica decadente y que son la causa de los principales problemas de los españoles, según los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DENUNCIA
Este lunes 6 de mayo, la formación política Progresistas contra la corrupción (PCLC), ha remitido a la Fiscalía General del Estado una segunda ampliación de la primer denuncia contra la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN del día 2 de marzo de 2024.
Cabe recordar que la denuncia contra la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN, basada en un cuaderno de trabajo del Banco de España de 2016, es la única denuncia penal que explica la encubierta estructura económica española y también es la única denuncia que explica la causa de los principales problemas de los españoles, según el CIS, explica el presidente de la formación política.
“En este sentido, esta denuncia se ha convertido en el mejor instrumento, tal vez el único, capaz de evitar la decadencia que nos está llevando a la total destrucción de la vida de los españoles, como se documenta en la primera denuncia.”
En el primer apartado se denuncia a más de 200 Diputados de las Comisiones legislativas de Economía, Hacienda y Trabajo, así como a los Diputados de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, que no es legislativa.
En la denuncia se dice: “Por ello, todos los miembros de estas cuatro Comisiones del Congreso forman parte de la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN, al menos los que han estado desde 2016 que es la fecha de publicación del referido Cuaderno de trabajo del Banco de España.
Estos Diputados tenían la obligación constitucional de hacer pública la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN, de denunciarla y de trabajar para evitarla, en lugar de trabajar para mantenerla como han hecho todos ellos”.
Los Diputados denunciados son 76 del PSOE, 58 del PP, 34 de Podemos (GCUP-EC-EM/GC), 13 de ciudadanos (Cs), 11 de Vox, 10 de ERC – GER y GR, 2 de Sumar, 2 de Junts, 2 de Compromís, 2 de la CUP, 1 de UPN y 1 de Coalición Canaria.
En el segundo apartado, se denuncia a los 174 Diputados que votaron a favor de la reforma laboral de 2021, excluyendo al del PP, por provocar la falsedad en documento oficial sobre el desempleo que provocaba.
Concretamente estos Diputados eran “120 del PSOE, 34 de Unidas Podemos, 9 de Ciudadanos, 4 del PdeCat, 2 de Más Páis, 1 de Compromís y un Diputado de los siguientes partidos: Teruel Existe, Coalición Canaria (salvo Sergio Sayas y Carlos García), Nueva Canarias y el Partido regionalista de Cantabria”, incluyendo al Presidente Sánchez y a siete ministros que también eran Diputados, destacando el papel de la Ministra Yolanda Díaz como promotora y por mantener la falsedad de las cifras, a pesar de haberse comprometido en enero de 2023 a modificarlas.
En el tercer apartado, se denuncia el blanqueo de capitales de varios políticos de Podemos, incluyendo a su lideresa Ione Belarra; de Ada Colau, ex Alcaldesa de Barcelona, y de su esposo; de 18 políticos de Junts y 6 de ERC. Se destaca la habitual utilización de las mismas sucursales y de los mismos bancos en el extranjero.
En el cuarto y último apartado de la denuncia se recuerda que el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, en un informe de 2013 señaló extrañado que:
“El EEG fue informado de que no se ha dado ni un solo caso en que un miembro del Parlamento haya sido condenado por un delito de corrupción cometido en relación con sus funciones parlamentarias” (EGG son las siglas en inglés del “equipo de evaluación del GRECO”).
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO tiene el deber de tramitar nuestra denuncia presentada el 2 de marzo de 2024 contra la metamafia de la ECONOMÍA DE LA CORRUPCIÓN junto con sus dos ampliaciones, previa consulta a la Junta de Fiscales de Sala, conforme a los estatutos sobre los asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del Gobierno, refiere Javier Marzal.
La nueva formación política promueve una REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: votar sólo leyes contra la corrupción y en lo demás abstención parlamentaria, dejando claro que lo único progresista es luchar contra la corrupción.
Marzal declara que su prioridad es hacer llegar a los españoles las verdaderas causas por las que el futuro de jubilados, trabajadores y jóvenes seguirá en decadencia si no combatimos la corrupción sistémica que habita en el Estado.
También dirige una dura reflexión a los partidos políticos para que den paso al sentido común ya que, según Marzal, “nuestro tiempo se acaba”.
JAVIER MARZAL
Javier Marzal, librepensador, disidente. Escritor y emprendedor social.
www.javiermarzal.com, promotor y fundador de:
2015: Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho
2016: Movimiento internacional STOP corrupción judicial
www.stopjudicialcorruption.org
2016: International Association to Change the World
2019: Alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial (ampliada al Gobierno)
https://contraautoritarismojudicial.org
2024: Partido político Progresistas contra la corrupción
