Redacción- La reforma impulsada por el Gobierno para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación ha salido adelante en el Congreso entre acusaciones de golpismo y con todas las miradas puestas en el Tribunal Constitucional (TC), que finalmente ha aplazado al lunes su decisión sobre si frena parte de esta ley a petición del PP. Madrid, 15 dic (EFE).
El PP y Ciudadanos, que como Vox han intentado hasta última hora aplazar el pleno, han decidido no votar en señal de protesta.
Con 184 votos a favor -de los socios de coalición y sus aliados parlamentarios-, 64 en contra y una abstención, pone rumbo al Senado una proposición de ley en la que, a última hora,
PSOE y Podemos han incluido una reforma para desbloquear la renovación pendiente de cuatro magistrados del TC.
El objetivo del Gobierno es…
que la ley, que modifica los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del «procés» y por los que aún debe ser juzgado el expresidente catalán Carles Puigdemont, vea la luz antes de fin de año.
El recurso del PP ante el Constitucional para intentar frenar una reforma de las leyes del Poder Judicial y del propio Constitucional a través de una proposición que se diseñó, en un principio, para derogar la sedición ha unido a la izquierda, que ha acusado a los populares de acudir a los tribunales cuando pierden en las urnas.
«Intentaron parar la democracia con tricornios y hoy lo han intentado con togas», les ha espetado el portavoz socialista, Felipe Sicilia. «Ya no entran con pistolas, entran con togas», ha subrayado desde ERC Gabriel Rufián. «Hoy se ha producido el hecho más grave en términos democráticos después del 23F», ha coincidido Jon Iñarritu (EH-Bildu).
Con discursos muy duros, PP, Vox y Ciudadanos han denunciado por su parte la tramitación exprés de una reforma que afecta a tres leyes orgánicas y está hecha «a medida» de los dirigentes independentistas y han acusado de «cobarde» a Pedro Sánchez por no asistir al pleno.
«Sigan presentando recursos, que nosotros seguiremos presentando leyes para mejorar la vida de la gente, y para defender los intereses de España en Bruselas, que ahí está el presidente del Gobierno», ha respondido Sicilia, quien ha dedicado su intervención a cargar contra el PP, sin mencionar apenas las reformas en marcha.
«Frente a quienes nos quieren parar, los socialistas vamos a seguir avanzando; nosotros a seguir caminando, o mejor dicho, como decía Alberti, a galopar», ha dicho dirigiéndose a la bancada socialista tras el rechazo de algunos barones a la reforma, que
rebaja los 15 años de cárcel de la antigua sedición a 5 y recorta a 4 el castigo para la malversación sin ánimo de lucro.
Con la Constitución en la mano, y también con el programa electoral del PSOE, Gamarra ha repasado los nombres de los políticos catalanes beneficiados por la reforma penal y ha avisado al Gobierno de que esto «no es más que una nueva estación en la hoja de ruta de los independentistas, que se frotan las manos y aplauden».
Gamarra, que ha alertado de que «cientos» de corruptos verán reducidas sus condenas, como está ocurriendo con la ley del sólo sí es sí, ha advertido del fin de la igualdad ante la ley de los españoles y ha llamado al adelanto electoral: «si tuvieran un poco de vergüenza y fueran valientes podrían de nuevo las urnas y que hablen lo españoles».
Frente a esas críticas, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha instado al PP a no dar «lecciones de corrupción» y le ha acusado de intentar «perforar la democracia con un golpe silencioso» al acudir al TC.
Por su parte, el portavoz de ERC ha reafirmado el compromiso de su partido con la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, consulta que rechaza el Gobierno. «Lo que proponemos es que se vote», ha señalado Rufián.
Aunque los diputados de Vox se han ausentado del pleno, Javier Ortega Smith ha subido a la tribuna para denunciar lo ha tachado de «golpe de estado» desde dentro de las instituciones, la «amnistía encubierta de todos los golpistas» y el «inaceptable clima de violencia y amenaza» desde la extrema izquierda contra el Constitucional y el poder judicial.
«El Gobierno de España está repitiendo lo que hizo el separatismo en 2017, van a aprobar leyes claramente inconstitucionales», ha denunciado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha advertido a los socialistas que, en momentos históricos, hay responsabilidad tanto por acción como por omisión.
En el lado opuesto, el portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha apoyado una iniciativa que, ha dicho, rectifica la política de Estado que se siguió en Cataluña y supera «el espúreo bloqueo» del CGPJ por parte el PP: «la convivencia en ocasiones reclama medidas excepciones, y los bloqueos institucionales también».
Aunque han visto la norma insuficiente, tanto Junts como EH Bildu han dado su voto a favor, al contrario que el PDeCAT, que ha rechazado la reforma porque el 1-O «no fue delito» y se seguirá persiguiendo penalmente a líderes independentistas catalanes.
La reforma no ha tenido tampoco el apoyo de partidos como la CUP, que siempre ha mantenido que la iniciativa criminaliza la protesta pacífica, argumento compartido por BNG; y tampoco por Foro Asturias, Coalición Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria, que rechazan derogar la sedición.
La única abstención ha sido la de Compromís. Como PP y Ciudadanos, Foro Asturias y los exdiputados de UPN no han votado.
