Artículo de opinión – El referéndum de independencia de Cataluña de 2017 —también conocido por el numerónimo 1-O— fue un referéndum de autodeterminación convocado por el Gobierno de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017 y finalmente celebrado de manera ilegal en la comunidad autónoma española de Cataluña el 1 de octubre de 2017.
La ley del Referéndum que lo haría posible, fue aprobada el 6 de septiembre por el Parlamento de Cataluña con los votos a favor de los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, en un pleno rodeado de una fuerte polémica. Dicha ley establece que el referéndum es vinculante y que se proclamará la independencia dos días después de la publicación de los resultados oficiales si el «sí» obtiene más votos que el «no», sin requerir una participación mínima. Los partidos de la oposición se negaron a votar dicha ley, excepto Catalunya Sí que es Pot, que se abstuvo.
La ley es ilegal por ir en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que requiere una mayoría de dos tercios en el Parlamento catalán para cualquier cambio en el estatus de Cataluña. El referéndum efectuado por la Generalidad es ilegal según la Constitución y legislación españolas al no cumplir los requisitos establecidos en las mismas. Previamente el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano creado por la Generalidad de Cataluña, calificó de ilegal un referéndum unilateral. La ley fue suspendida cautelarmente al día siguiente por el Tribunal Constitucional, órgano al que Puigdemont, el presidente de la Generalidad, afirmó que ignoraría. Fue finalmente declarada inconstitucional por unanimidad de los magistrados del Tribunal Constitucional el 17 de octubre de ese mismo año, al entender el tribunal que la norma invadía competencias estatales y vulneraba la supremacía de la Constitución, la indisoluble unidad de la Nación española y la soberanía nacional.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitó a la Guardia Civil, Mozos de Escuadra, Policía Nacional y policías locales que incautasen el material relacionado con el referéndum, a pesar de lo cual no se pudo requisar todo el material.
El 28 de agosto, la mayoría independentista del Parlament, compuesta por los grupos de Junts pel Sí y la CUP-CC, presentaron en la cámara catalana este proyecto legislativo. El objetivo principal de este marco legal es el garantizar la seguridad jurídica, la sucesión ordenada entre las administraciones y la continuidad de los servicios públicos, en lo que sería llamado como «proceso de transición» de Cataluña a un estado independiente. La ley fue aprobada el 8 de septiembre por 72 votos a favor (de JxSí, CUP-CC y el diputado no adscrito Germà Gordó) y 11 abstenciones (de los adscritos al grupo de CSQEP). Los miembros del parlamento pertenecientes a Ciudadanos, el PSC y el PP abandonaron el hemiciclo para no participar en la votación por considerarla ilegal. La normativa entrará en vigor en caso de una victoria del «Sí» a la independencia en el referéndum del 1 de octubre, cuando se daría por iniciado el proceso de transición nacional.
Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república. Ese es el nombre de la segunda norma de ruptura que ha aprobado el Parlament esta madrugada con 71 votos a favor y 10 en contra. Se trata de una miniconstitución de la virtual república catalana ideada por el bloque de Junts pel Sí y la CUP para poder declarar la secesión dos días después del referéndum del 1 de octubre, si es que se impone el sí. Su activación, pues, está condicionada a esa victoria y a la ley del referéndum aprobada por el pleno el miércoles. La vigencia del articulado queda reducida a un periodo de un año: lo que se tarde en redactar una Constitución definitiva. Esta “norma suprema” también será previsiblemente anulada por parte del Tribunal Constitucional y su aprobación volverá a poner en el ojo de la Fiscalía a la Mesa de la Cámara.
La Cataluña independiente. El articulado establece que sea “una república de derecho, democrática y social” en la que se respetará el derecho europeo e internacional. Cataluña, dice la proposición de ley, integrará automáticamente las nuevas normativas europeas que se dicten tras la aprobación de la nueva norma. El jefe del Estado es el presidente de la Generalitat.
Los catalanes. Serán aquellos que posean la nacionalidad española –que podrán mantener– y estén empadronados en cualquier municipio de Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016. También podrán solicitar la nacionalidad del hipotético nuevo Estado los nacidos en Cataluña pero que vivan en otro lugar o los descendientes en primer grado de un poseedor de la nacionalidad catalana.
La nacionalidad catalana se puede adquirir “por residencia legal y continuada en Cataluña por un periodo de cinco años inmediatamente anterior a la petición”. Se computará el tiempo anterior a la aprobación de la ley de transitoriedad. No se establecen diferencias entre ciudadanos comunitarios y no comunitarios y tampoco se dan ventajas para adquirir la nacionalidad a los originarios de antiguas colonias españolas.
Tres lenguas oficiales. El proyecto de ley de transitoriedad establece el “derecho a opción en relación con las lenguas catalana, occitana y castellana” y da por buena la ley de política lingüística de 1998. Las tres lenguas tienen el mismo estatus.
Control gubernamental del poder judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasa a convertirse en el Tribunal Supremo Catalán. Su nombramiento corre a cargo del presidente de la Generalitat. El fiscal general es escogido por el Parlament, pero a propuesta del Gobierno catalán.
Amnistía al procés. Uno de los artículos contempla la posibilidad de archivar o anular aquellos procesos penales contra investigados o condenados por conductas que “buscaran el pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado”.
Si todos los políticos catalanes procesados por delitos como malversación de caudales públicos, organización criminal, cohecho, prevaricación, se embarcaron, se envolvieron en la bandera independentista para indicar que sus procesamientos eran un “ataque a Cataluña”, en virtud de esta Ley quedarían impunes y exentos de responsabilidades penales.
No obstante, por si ello no fuera poco, el Gobierno de la Generalidad podría emitir Decretos Ley, los cuales estarían fuera de cualquier control de constitucionalidad.
No así las Leyes emanadas del Parlamento que podrían ser recurridas y sometidas a un control de constitucionalidad.
Dicho control de Constitucionalidad, no se señala un Tribunal Constitucional al efecto, sino un “Consejo de Garantias Democráticas” cuya composición se entiende que adolecería de objetividad e imparcialidad al ser un órgano de nombramiento político.
O sea un Ejecutivo sin control, un legislativo controlado por el Ejecutivo y un poder judicial cuyo órgano supremo, el Tribunal Supremo, estará nombrado graciosa y arbitrariamente por el Ejecutivo.
De todo lo cual se deduce que cualquier acto administrativo o penal no podrá ser recurrido con unas mínimas garantías de seguridad jurídica ya que ante la inexistencia de separación de poderes, siempre prevalecerá la arbitrariedad del Ejecutivo, obviamente un Ejecutivo de un color político, que ante la falta de garantías legales, se perpetuará en el poder, dando lugar a un régimen totalitario de ideología única, quizás para dar la impresión de formas externas democráticas se consientan otras opciones políticas, pero con un entramado de derecho publico de totalitarismo, no podrán nunca triunfar electoralmente ni podrán denunciar con éxitos vulneraciones de leyes electorales, “pucherazos”, manipulaciones, compra de votos.
El noreste español quedaría reducido a una republica bananera hispanoamericana, porque dicha evolución política al totalitarismo y la inseguridad jurídica generada en el tráfico mercantil provocarían una fuga de capitales.
Si que es cierto que dicha fuga podría ser paliada por inversiones de tipo neocolonial, con condiciones contractuales perjudiciales para Cataluña, pero beneficiosas a titulo personal para los políticos catalanes corruptos del régimen de partido único, los cuales amasarían fortunas que pondrían a buen recaudo en el extranjero y que esquilmarían el patrimonio energético y de recursos de Cataluña.
Prueba evidente de que estos políticos y clases acomodadas catalanes que apoyan y bendicen el independentismo es que, el día después de la proclamación de independencia, por lo que pudiera pasar se apresuraron a trasladar sus capitales a entidades bancarias y sucursales de las regiones limítrofes, Valencia y Aragón, ni siquiera ellos mismos tienen fe en su proyecto.
Se pueden constatar en prensa, multitud de particulares que se trasladaron con sus capitales y declaraciones en prensa en que reconocían su ideología independentista y que a pesar de ella habían trasladado sus capitales.
Los que no tenemos capitales, que vivimos al día, de nuestro sueldo, no nos movimos, somos la Cataluña real, la España real, los que al margen de ideologías hemos de sacar el país adelante con nuestro trabajo, sin artificios, ni trampas para eludir impuestos, cumpliendo nuestras obligaciones.
Propiedades estatales para la Generalitat. La Administración se arroga la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bien que posea en Cataluña. Todos los contratos de obras, suministros o prestación de servicios del Estado en Cataluña también se los queda la Generalitat.
La deuda se negocia. La Generalitat se responsabiliza de todos los tributos y tasas que se pagan en Cataluña, incluidas las cotizaciones sociales y las de calado aduanero. Como en otras materias, se deja en manos de una negociación con el Estado español el futuro de los derechos y obligaciones de carácter económico y financiero, es decir, el reparto de la deuda.
Subrogación de funcionarios estatales. La Generalitat relevará a la Administración del Estado y los funcionarios estatales serían asumidos por las instituciones catalanas “en las mismas condiciones retributivas y de ocupación”.
Falta de control legal a los decretos. Curiosamente la ley establece que los decretos ley, promovidos por el Gobierno catalán, no sean objeto de control por parte del Consejo de Garantías Democráticas, el órgano homólogo al Tribunal Constitucional. Algo que sí sucede con las normas que apruebe el Parlament.
Sindicatura y censo electoral. El borrador amplía la creación de la sindicatura electoral que estaba prevista en la ley del referéndum. Se compone de tres órganos: la Sindicatura Electoral de Cataluña, la Sindicatura electoral de Arán y las sindicaturas electorales comarcales. La primera se compondrá de siete miembros escogidos por el Parlament, cinco de los cuales serán juristas o politólogos de prestigio y el resto serán jueces. Justo lo que aprobó ayer de madrugada el miércoles el Parlament.
La Constitución definitiva. Si gana el sí en el referéndum independentista ilegal, se activará un proceso constituyente, marcado por tres fases: proceso participativo para proponer cómo ha de ser la Constitución a través de un Foro Social Constituyente y un consejo asesor del Gobierno; elecciones constituyentes para conformar la Asamblea constituyente, encargada de la redacción; y ratificación de la Constitución en un referéndum. Esa aprobación requerirá de 3 quintas partes del Parlament.
El 20 de septiembre de 2017 la Guardia Civil bajo orden de la Fiscalía General del Estado inició una operación policial para detener el referéndum. Los agentes policiales entraron en las Consejerías de Economía, Relaciones Institucionales y Asuntos Exteriores, Gobernación y Asuntos Sociales de la Generalidad además de rodear la sede de la Candidatura de Unidad Popular. El operativo policial dejó a 14 detenidos entre ellos altos cargos de gobierno y trabajadores de la institución regional catalana. Entre los detenidos se encuentran el Secretario General de la Vicepresidencia, Josep Maria Jové y el Secretario de Hacienda, Josép Lluís Salvadó. La operación policial fue contestada por una convocatoria a los simpatizantes del independentismo para manifestarse por parte de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, los manifestantes rodearon los edificios en donde actuaban las fuerzas de seguridad del estado. En otras ciudades y pueblos de Cataluña se realizaron manifestaciones paralelas en rechazo a la intervención de los cuerpos de seguridad.
Durante las manifestaciones varios vehículos de la guardia civil quedaron destrozados. De hecho, los agentes que cumplían una orden judicial quedaron asediados en el interior del edificio durante 19 horas hasta que lograron salir. La secretaria judicial, presa del pánico, salió de manera humillante por un tejado que la comunicaba con un teatro adyacente. Los mossos fueron acusados de inacción a pesar de las peticiones de la guardia civil, algo que se repetiría el día del refendum.
Ante el anuncio del presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, de que se aplicarían los resultados del referéndum, tanto Banco Sabadell como CaixaBank confirmaron que cambiarían de emplazamiento sus sedes sociales, hecho efectivo el 5 de octubre cuando ambas instituciones trasladaron sus domicilios fiscales a Valencia y Alicante, respectivamente. Los dos bancos, que los días anteriores habían sufrido importantes caídas en bolsa, expusieron que la salida de la Unión Europea provocaría que dejaran de encontrarse en el marco de la eurozona y bajo la protección del Banco Central Europeo. El mismo día que se confirmaba que CaixaBank se trasladaba a Valencia, Gas Natural, establecida en Cataluña desde 1843 y participada en un 24,4% por Criteria, explicó que trasladaba su sede a Madrid. Aquel mismo día seis empresas como Abertis, Freixenet, Dogi, Arquia o el Banco Mediolanum avisaron que propondrían medidas similares.
El día 7, a pesar de que los propietarios de CaixaBank habían asegurado que el traslado a Mallorca era para asegurarse la cobertura del BCE, la fundación La Caixa también anunció que cambiaría su sede social a la isla balear. Según anunciaron, esta decisión seguiría vigente mientras se mantuviera la situación que vivía Cataluña. Criteria, participada al 100% por La Caixa, también mudó su sede a Palma. El gobierno central aprobó una legislación para facilitar el traslado de todas aquellas empresas interesadas en trasladar su sede central.
Empresas como Abertis, Colonial, Cellnex, Grupo Planeta, La Bruixa d’Or, Cerveza San Miguel, Aguas de Barcelona, Gas Natural Fenosa, Catalana Occidente, Bimbo, Codorníu, Grupo Gallo o Axa Vida y Axa Pensiones abandonaron Cataluña desde el 1 de Octubre de 2017. En la actualidad, 2.276 empresas han abandonado la comunidad autónoma por el desafío soberanista.
Además de la «fuga de empresas», hubo otra fuga de depósitos bancarios hacia el resto de España de entorno a 31.400 millones de euros durante el último trimestre de 2017
Tras el 1 de Octubre hubo numerosas escenas provocadas por partidarios de la independencia contra aquellos que no secundaban su objetivo. Antes de esa fecha el president Carles Puigdemont, refiriéndose a los alcaldes y a los concejales de los ayuntamientos que habían anunciado que no iban a ceder locales para la celebración del referéndum, había dicho: «Cuando los veáis por la calle, decidles: ‘Mírame a los ojos, te debes a mí’. Y de forma serena preguntadles: ‘¿Me dejarás votar o me impedirás que vote?'». Así se produjeron escenas de acoso contra algunos de estos alcaldes y concejales.
Para numerosos políticos y periodistas; tanto de dentro de Cataluña como del resto de España, e independientemente de si son favorables o no a la independencia; la situación provocada por el llamado «proces» provocó una fractura social.
Tras las cargas policiales del 1-O, hubo escenas de acoso contra hijos, parejas y demás familiares y entorno cercanos de los miembros de guardia civil y policía nacional. Hubo presiones de los ayuntamientos a hoteles para que expulsaran a los policías y guardias civiles que tenían alojados. Hubo niños y niñas que lloraron en el colegio porque los profesores criticaron delante de sus compañeros la labor de sus padres. Varios de estos docentes tuvieron que acabar dando explicaciones de sus «adoctrinamientos» en el juzgado. Los escraches superaron el centenar.
También sufrieron los escraches y los acosos los representantes políticos opuestos a la independencia, por ejemplo la sede de Ciudadanos fue atacada varias veces. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, fue víctima de un delito cuando una mujer publicó en internet un deseo de que abusaran grupalmente de ella, y esa mujer finalmente acabó condenada. Posteriormente el actor de TV3Toni Albà insultó a Arrimadas. El comercio particular de los padres de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, fue atacado varias veces. El 1 de diciembre aparecieron colgados de un puente varios muñecos con las siglas del PP, Ciudadanos y el PSC. El incidente -provocado por miembros asociados a la CUP- provocó una fuerte polémica por que se asociaba a los ajustes de cuentas que se producen por el narcotráfico en Sudamérica.
El 24 de abril de 2018 la fiscalía denunció a nueve profesores por presuntamente haber humillado a alumnos hijos de guardias civiles el día siguiente a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
En 2018 continuaba el acoso contra los políticos no independentistas, por ejemplo el líder del PP catalán, Xavier García Albiol fue increpado el día de Sant Jordi en plena calle. La sede de Ciudadanos en L’Hospitalet fue apedreada con excrementos humanos.
El 10 de octubre de 2017 el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont declaró la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán. Instantes después Puigdemont propuso suspender los efectos de la misma para entablar negociaciones con el Gobierno de España. Tras el pleno, diputados de Junts pel sí y la CUP firmaron la Declaración de independencia de Cataluña. Al día siguiente, el Gobierno de España requirió al presidente de la Generalitat que confirmara si había declarado la independencia, paso previo a la activación del artículo 155 de la Constitución española. Una semana después, Puigdemont no aclaró si había declarado la independencia.
Entretanto, el 15 de octubre de 2017, Jordi Sànchez Picanyol, presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, ingresaron en la prisión de Soto del Real (Comunidad de Madrid), siendo acusados de delito de sedición por haber encabezado las manifestaciones en contra del operativo policial del 20 de septiembre. Por los mismos actos, Josep Lluís Trapero, mayor de los Mozos de Escuadra y la intendente del cuerpo Teresa Laplana fueron requeridos para declarar ante la Audiencia Nacional, quedando en libertad con medidas cautelares.
El día 27 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña declaró unilateralmente la independencia después de una votación anónima por 70 votos a favor, 2 en blanco, 10 en contra y la ausencia de PSC, PP y Cs.
El 27 de octubre de 2017 el Senado aprobó dar la autorización para aplicar el artículo 155 de la Constitución española a Cataluña. A continuación, Mariano Rajoy convocó un consejo de ministros extraordinario en el que se aprobó el cese del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont y del resto de miembros del Gobierno de la Generalidad, la disolución del Parlamento de Cataluña y la convocatoria de elecciones autonómicas catalanas para el 21 de diciembre de 2017.
Tras la marcha de Carles Puigdemont a Bruselas y la querella de la Fiscalía por rebelión, Puigdemont y sus ex-consejeros fueron citados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el día 2 de noviembre. La juez ordenó el ingreso en prisión provisional del ex-vicepresidente Oriol Junqueras y ocho ex-consejeros de la Generalitat. Por su parte Puigdemont permaneció en Bruselas, siendo citado a declarar ante la justicia belga tras la orden europea de detención y entrega emitida por la justicia española.
Paralelamente, se seguía una instrucción contra los miembros aforados del Parlamento de Cataluña, llevada por el juez Pablo Llarena Conde en el Tribunal Supremo. El 24 de noviembre, Llarena dictó un auto por el cual —tras solicitar informe a Lamela— acumulaba a la causa contra los miembros aforados de la Mesa del Parlamento de Cataluña, la de los no aforados del destituido Gobierno catalán y la de los miembros de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y ANC Jordi Sánchez que instruía Lamela. Así, quedó para Lamela únicamente la causa por sedición contra Josep Lluís Trapero —ya destituido como major de los Mossos— y Teresa Laplana. Pocos días después Puigdemont afirmó a un medio israelí que la UE era un “club de países decadentes, obsolescentes, en el que mandan unos pocos, además muy ligados a intereses económicos cada vez más discutibles” y “donde hay varias varas de medir” e insinuando que los catalanes “deberían decidir si quieren pertenecer a esta Unión Europea” y “en qué condiciones”.
El 22 de diciembre, Llarena amplió la acusación a Artur Mas (expresidente de la Generalitat), Marta Rovira (número dos de ERC), Anna Gabriel (exportavoz de la CUP en el Parlament), Marta Pascal (coordinadora general del PDeCAT), Mireia Boya (expresidenta del grupo parlamentario de la CUP) y a Neus Lloveras (presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia) por pertenecer al Comité Estratégico del procés, con una participación destacada en su desarrollo y «aportando el apoyo político
El 21 de diciembre de 2017 se celebraron las elecciones al Parlamento de Cataluña, que habían sido convocadas por el presidente Rajoy en virtud de la aplicación del artículo 155. Las fuerzas políticas independentistas calificaron las elecciones como «ilegales e ilegítimas», pero acabaron presentándose. La participación fue la más alta de las registradas hasta entonces: rondó el 80%. Los tres partidos independentistas consiguieron mayoría absoluta al sumar 70 diputados en total: Junts per Catalunya, la formación encabezada por el expresident Carles Puigdemont con el respaldo legal del PDeCAT, obtuvo 34 diputados; Esquerra Republicana de Cataluña, 32 diputados; y la CUP, 4 diputados. Ciudadanos consiguió más de un millón de votos y 36 escaños. Los tres partidos independentistas consiguieron el 47,49% de los votos, mientras que los partidos “constitucionalistas” (Ciudadanos, PSC y PP) consiguieron el 43,49% y sumaron 57 escaños. Catalunya en Comú-Podem, heredera de Catalunya sí que es pot y que rechazaba tanto la aplicación del artículo 155 como la declaración unilateral de independencia, consiguió 8 escaños y el 7,45% de los votos.
Tras este resultado electoral se impulsó en una parte de la sociedad catalana la idea de Tabarnia.
El nuevo Parlament surgido de las elecciones del 21-D se constituyó el 17 de enero de 2018, resultando elegido nuevo presidente de la cámara Roger Torrent, de Esquerra Republicana de Catalunya, quien en su discurso de aceptación del cargo no hizo ninguna mención a la «República Catalana» e hizo un llamamiento para recuperar las instituciones catalanas intervenidas por el gobierno central por la aplicación del artículo 155 de la Constitución ―la mesa del Parlament que se constituyó en la misma sesión contaba con mayoría independentista―. El 15 de enero se hizo pública la sentencia del llamado caso Palau, donde se condenó a la antigua Convergència por el cobro de 6,6 millones de euros en comisiones ilícitas a través del Palau a cambio de obra pública y Fèlix Millet fue sentenciado a 9 años de cárcel.
Recordar que el censo electoral en Cataluña es de 5,5 millones de electores. Ha votado el 79,09% del electorado, 4.392.891 o sea, 1.107.109 personas se han sentido marginadas del sistema o no han votado por otras razones, pero evidentemente no son activistas ni votantes por la independencia.
| Partido | Escaños | Votos | |
| C’s | 36 | 1.109.732 | 25,35 % |
| JUNTSxCAT | 34 | 948.233 | 21,66 % |
| ERC-CatSí | 32 | 935.861 | 21,38 % |
| PSC | 17 | 606.659 | 13,86 % |
| CatComú-Podem | 8 | 326.360 | 7,46 % |
| CUP | 4 | 195.246 | 4,46 % |
| PP | 4 | 185.670 | 4,24 % |
| PACMA | 0 | 38.743 | 0,89 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 10.287 | 0,24 % |
| PU M+J | 0 | 577 | 0,01 % |
El 22 de enero Roger Torrent propuso como candidato a la presidencia de la Generalidad al expresidente Carles Puigdemont, que continuaba en Bruselas y que se consideraba a sí mismo como el presidente legítimo de Cataluña. El gobierno de Mariano Rajoy presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que desestimara la candidatura de Puigdemont. El Constitucional advirtió que para poder ser investido el candidato tenía que estar presente en la cámara y haber obtenido autorización judicial, dado que estaba vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión. Torrent acató la decisión del Tribunal Constitucional y aplazó el pleno de investidura hasta que no estuviera asegurado poder celebrar uno en el que elegir al presidente de la Generalidad de forma «efectiva y con garantías». Junts per Catalunya y la CUP criticaron la decisión de Torrent ya que pretendían que se aceptara la presencia de Puigdemont en el debate de investidura por vía telemática o por delegación de la lectura de su discurso en algún otro diputado, y a continuación proceder a la votación.
El 1 de marzo de 2018 se aprobó una moción con los votos de los tres grupos independentistas en la que se denunciaba la «destitución ilegal e ilegítima» de Carles Puigdemont como presidente de la Generalidad, y en la que se reivindicaba el resultado favorable a la independencia del referéndum ilegal del 1 de octubre. Ese mismo día Carles Puigdement anunció desde Bruselas que renunciaba «provisionalmente» a ser el candidato y propuso a Jordi Sánchez, número 2 de la lista de Junts per Catalunya y entonces en prisión, como su sustituto.
Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegó el permiso para que Sánchez pudiera asistir al pleno de investidura que estaba convocado para el día 12 de marzo ―que Torrent tuvo que suspender hasta que se resolviera el recurso que iban a presentar los abogados de Sánchez―, por lo que la situación de bloqueo continuó, agravada además por el rechazo de la CUP a la candidatura de Sánchez porque apoyarla supondría la «sumisión a la legalidad española» y porque no iba encaminada a la «materialización de la república». La CUP también rechazó el programa de gobierno que le presentaron Esquerra Republicana y Junts per Catalunya por considerarlo «autonomista» y porque no iba dirigido a «implementar políticas republicanas efectivas». El 13 de marzo Inés Arrimadas, líder Ciudadanos, el principal partido «constitucionalista», exigía al presidente Roger Torrent que pusiera fin al «bloqueo de Cataluña» proponiendo un candidato «elegible» que no estuviera inmerso en procesos judiciales y que iniciara la cuenta atrás para la convocatoria de nuevas elecciones si ningún candidato resultaba elegido. Dos días antes la entidad independentista Asamblea Nacional Catalana había convocado una manifestación exigiendo la república, ara (‘la república, ahora’). El 18 de marzo se manifestaban los «constitucionalistas» para pedir un govern con ‘seny‘.
El tercer intento de investir un presidente de la Generalitat también resultó fallido porque el candidato Jordi Turull, quien en su discurso no hizo ninguna mención a la República ni a la independencia, no consiguió el apoyo de la CUP en la primera votación celebrada el 22 de marzo y porque al día siguiente el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena lo envió a prisión junto con otros tres exconsellers y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, lo que causó una honda consternación en buena parte de la sociedad catalana. Así que la segunda sesión de investidura en la que el candidato podía haber sido elegido por mayoría simple fue suspendida por el presidente del Parlament Roger Torrent, quien en una declaración institucional pidió la formación de un «frente unitario en defensa de la democracia».
El mismo día 23 de marzo en que ordenó la prisión sin fianza de Jordi Turull y los otros cuatro líderes independentistas, el juez Llarena dictó auto de procesamiento por un delito de rebelión contra el expresident Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y siete exconsellers (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa), además de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural, respectivamente; Carme Forcadell, expresidenta del Parlament; y Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya. El resto de exconsellers (Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret) fueron procesados por los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos. Por último fueron procesados únicamente por un delito de desobediencia, que no lleva aparejado la pena de cárcel, los miembros de la mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como la expresidenta de la CUP, Mireia Boya y su ex jefa de filas en el Parlament, Anna Gabriel —no resultaron procesados los también investigados Marta Pascal, secretaria general del PDeCAT; Artur Mas, expresidente del PDeCAT; y Neus Lloveras, expresidenta de la asociación AMI—. Y a continuación reactivó las euroordenes contra el expresident Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos, y dictó una nueva contra Marta Rovira, huida en Suiza.
Prisión de Neumünster (Alemania) donde estuvo encarcelado Carles Puigdemont durante doce días, a la espera de la resolución de la euroorden de entrega a España.
Dos días después, el 25 de marzo, Carles Puigdemont era detenido en Alemania nada más cruzar la frontera con Dinamarca cuando se dirigía a Bruselas después de haber participado en un acto en la Universidad de Helsinki. En cuanto se conoció la noticia se produjeron concentraciones y manifestaciones de protesta en Barcelona y en otras ciudades catalanas, así como cortes de carreteras y de avenidas realizados por los Comités de Defensa de la República. A las diez de la noche del mismo día 25 el presidente del Parlament Roger Torrent pronunció un mensaje institucional por televisión en el que después de acusar al Estado de perseguir «el corazón de la democracia» volvió a reclamar la formación de “un frente común para defender los derechos y las libertades individuales y colectivas”.
El 5 de abril la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein acordó dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont y descartó el delito de rebelión alegando que el delito que podría ser equiparable en Alemania al de rebelión, el de “alta traición”, no podía aplicarse porque no se cumplía el requisito de la “violencia”. Tras salir de la cárcel al día siguiente Carles Puigdemont pidió la liberación de los «presos políticos» encarcelados en España y el inicio del diálogo entre el gobierno español y las autoridades catalanas. Añadió que “la democracia corre riesgo en España”.
El cuarto intento para investir un nuevo presidente de la Generalitat tampoco tuvo éxito porque el 12 de abril el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena volvió a denegar el permiso carcelario a Jordi Sánchez, que por segunda vez había sido propuesto como candidato, por lo que el presidente del Parlament Roger Torrent tuvo que aplazar el pleno de investidura convocado para el día siguiente.
Finalmente, y tras el intento desbaratado por el Tribunal Constitucional de investir a distancia a Carles Puigdemont, el Parlament invistió el 14 de mayo por mayoría simple —con los votos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y la abstención de la CUP— como nuevo presidente de la Generalitat a Quim Torra, el candidato designado por Puigdemont desde Berlín. Sus primeras palabras tras la votación fueron de agradecimiento al «president Puigdemont» del que aseguró: «Lo investiremos». Su nombramiento fue recibido con preocupación por la oposición debido a diatribas etnicistas xenófobas contra «los españoles» vertidos hace años en internet y en artículos periodísticos. Ada Colau exigió a Torra que se disculpara por sus comentarios despectivos. Ciudadanos anunció que realizaría una gira por europa para fuera conocido el «racismo» y la «supremacia» por los eurodiputados
El primer acto del presidente electo Quim Torra, antes de jurar el cargo, fue viajar a Berlín al día siguiente de ser investido para «para rendir homenaje y expresar gratitud al presidente legítimo de Catalunya» Carles Puigdemont. Tras una reunión por la mañana, durante la rueda de prensa que dieron por la tarde conjuntamente Puigdemont y Torra, este último manifestó: «El principio de restitución para nosotros es básico en esta legislatura y esto pasa también por acabar invistiendo a Carles Puigdemont». Asimismo ambos hicieron un llamamiento al diálogo al presidente del gobierno español Mariano Rajoy para «hallar una solución política al conflicto». Ese mismo día, por la mañana se reunieron en el Palacio de la Moncloa el presidente Rajoy con el secretario general del PSOE Pedro Sánchez para analizar la situación en Cataluña tras la investidura de Torra, a quien calificaron en el comunicado final, emitido por la mañana, de «frentista» y «xenófobo», por sus declaraciones antiguas.El presidente Rajoy respondió esa misma tarde que aceptaba hablar con Torra, pero siempre dentro de la ley.
El 2 de junio tomó posesión el nuevo Govern de Quim Torra, poniendo fin así a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española de 1978 en Cataluña.
Un movimiento que consiste en una revolución de la oligarquía invocando populismo étnico, supremacismo, discriminación, fe dogmática en una ideología única que no admite discusión y que se reconoce como la única detentadora de la verdad.
/MALAJ RUKELI
