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El Juez Pedraz abre el juicio para PdeCat, CDC y sus extesoreros por «el caso del 3%»

Agentes de la Guardia Civil registran la sede de CDC en Barcelona caso 3. EFE e1668178239484
Agentes de la Guardia Civil registran la sede de CDC en Barcelona caso 3. EFE e1668178239484

Redacción – El juez Santiago Pedraz ha abierto juicio oral para las formaciones políticas PdeCat y CDC y sus extesoreros Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por el caso del 3 %, la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública. Madrid, 8 de noviembre – EFE

 

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

En su escrito, detallaba que entre 2008 y 2015, Altos Cargos del CDC (la extinta Convergència Democràtica de Catalunya), en connivencia con cargos públicos, funcionarios de distintas Administraciones de Cataluña y empresarios acusados, activaron una estructura para encubrir pagos de dinero en forma de donaciones y a través de fundaciones vinculadas al partido.

En su resolución, notificada este martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda la apertura de juicio oral para 30 personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y de 16 personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero.

El magistrado adopta esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción propusiera llevar a juicio a estos procesados y da un plazo de tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa.

Anticorrupción solicita 3 millones de euros en concepto de multa para PDeCAT y CDC por un delito de blanqueo de capitales y para los exgerentes de CDC Andreu Viloca y Germá Gordó pide las condenas de prisión más altas, 21 años y 4 meses y 18 años y 10 meses, respectivamente, mientras que para Osácar reclama un año y medio de cárcel, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad.

 

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