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El independentismo «represaliado» festeja la supresión de la sedición sin renunciar a la amnistía

Presidente de la Generalitat Pere Aragones declaracion en Palau de la Generalitat sobre el delito de sedicion. 11.11.22 EFE A. Garcia e1668181718206
Presidente de la Generalitat Pere Aragones declaracion en Palau de la Generalitat sobre el delito de sedicion. 11.11.22 EFE A. Garcia e1668181718206

Redacción – El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este viernes que la «derogación» del delito de sedición permite avanzar hacia el «fin de la represión» sobre el movimiento independentista y supone un «paso adelante en el camino de la resolución del conflicto político» entre Cataluña y el Estado. Barcelona, 12 nov.

En una comparecencia desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Aragonès ha reaccionado al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar en el Congreso una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro de «desórdenes públicos agravados» y con penas más bajas.

El presidente catalán ha celebrado el «acuerdo» alcanzado con el Gobierno para «eliminar el principal delito por el que fueron condenados» a prisión nueve líderes independentistas por el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.

Este «acuerdo», ha destacado, permite «profundizar en el proceso de desjudicialización» ya que supone una «mejora para el conjunto de las personas represaliadas».

«Con la derogación de la sedición es más difícil perseguir injusta y arbitrariamente al movimiento independentista», ha celebrado, si bien ha reconocido que aún «queda camino por recorrer» hasta la «completa desjudicialización del conflicto», sin renunciar a la amnistía.

Aragonès ha explicado que sigue habiendo «cuestiones abiertas que se podrán plantear en el trámite parlamentario» de la reforma del Código Penal, en alusión, por ejemplo, a la malversación.
«Hay que trabajar más», ha señalado el presidente, que ha hecho hincapié en que de momento lo más relevante es que «el delito de sedición queda borrado, desaparece del Código Penal», y es sustituido por «desórdenes públicos agravados», un concepto que «ya existe» ahora, si bien «la pena máxima pasa de seis a cinco años».

Ha asegurado que «los hechos de octubre de 2017 no son delito», aunque el Tribunal Supremo «aplicó de forma injusta y arbitraria el Código Penal» para imputar el delito de sedición, y «no desórdenes públicos».

«Hoy damos un paso muy importante para conseguir el fin de la represión y comenzar a construir la resolución del conflicto político con el Estado», ha insistido.

Aragonès ha evitado comentar si este «paso adelante» supone un punto de inflexión en las relaciones con los socialistas y si abre la puerta a acuerdos en otros ámbitos, como por ejemplo los pactos presupuestarios.

En este sentido ha querido desligar los acuerdos para la desjudicialización de cualquier otra materia ya que la resolución del conflicto no va de «un acuerdo de partidos ni de siglas», sino que «va de derechos y libertades».

 

/EFE

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